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Es ilegal que los gobiernos devuelvan a las personas a países en los que sus vidas podrían verse amenazadas por la crisis climática, según una resolución histórica del Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La sentencia -que es la primera de este tipo- representa un «punto de inflexión» jurídico y un momento que «abre la puerta» a futuras demandas de protección para las personas cuya vida y bienestar se han visto amenazados debido al calentamiento global, según los expertos.

Se espera que decenas de millones de personas sean desplazadas por el calentamiento global en la próxima década.

La sentencia se refiere al caso de Ioane Teitiota, un hombre de la nación del Pacífico de Kiribati, que está considerado como uno de los países más amenazados por el aumento del nivel del mar. Solicitó protección en Nueva Zelanda en 2013, alegando que su vida y la de su familia corrían peligro.

La comisión escuchó pruebas del hacinamiento en la isla de Tarawa del Sur, donde vive Teitiota, y dijo que la población allí había aumentado de 1.641 habitantes en 1947 a 50.000 en 2010 debido a la subida del nivel del mar, lo que hizo que otras islas se volvieran inhabitables, lo que provocó violencia y tensiones sociales.

También habló de la falta de agua dulce y de la dificultad para cultivar debido a la salinidad de la capa freática, lo que causa graves problemas de salud a su familia. Dijo que como se predijo que Kiribati sería inhabitable dentro de 10 o 15 años, su vida estaba en peligro por permanecer allí.

Los tribunales de Nueva Zelanda rechazaron la solicitud de protección de Teitiota. El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas confirmó la decisión de Nueva Zelandia basándose en que, si bien «es probable que el aumento del nivel del mar haga inhabitable la república de Kiribati … el plazo de 10 a 15 años, como sugirió [Teitiota], podría permitir la intervención de la república de Kiribati, con la asistencia de la comunidad internacional, para adoptar medidas afirmativas para proteger y, en caso necesario, reubicar a su población».

Sin embargo, los expertos afirman que la decisión del comité abre el camino a otras reclamaciones basadas en la amenaza a la vida que supone la crisis climática. El comité dictaminó que «los efectos del cambio climático en los Estados receptores pueden exponer a las personas a una violación de sus derechos … lo que desencadena las obligaciones de no devolución de los Estados emisores».

«En el plano personal, para Ioane y su familia son malas noticias, porque obviamente se ha decidido que su afirmación de que su derecho a la vida estaba amenazado en Kiribati no era lo suficientemente fuerte», ha dicho Kate Schuetze, investigadora sobre el Pacífico de Amnistía Internacional. «Pero dijeron que no era lo suficientemente sólida, basándose en sus circunstancias personales y en las pruebas que presentaron ante el tribunal, y luego hicieron algunas declaraciones muy contundentes que aclaraban las funciones y responsabilidades de los Estados para decir … que habría un desencadenante de la responsabilidad internacional para que otros gobiernos no devolvieran a las personas a lugares donde su vida está en peligro debido a los cambios inducidos por el clima».

Si bien la sentencia no es formalmente vinculante para los países, señala las obligaciones legales que los países tienen en virtud del derecho internacional.

«Lo que es realmente importante aquí, y por qué es un caso histórico, es que el comité reconoció que sin una acción enérgica sobre el clima en algún momento en el futuro, bien podría ser que los gobiernos, en virtud del derecho internacional de los derechos humanos, tengan prohibido enviar a las personas a lugares donde su vida esté en peligro o donde se enfrenten a tratos inhumanos o degradantes», dijo la profesora Jane McAdam, directora del Centro Kaldor para el Derecho Internacional de los Refugiados de la Universidad de Nueva Gales del Sur.

«Aunque en este caso particular no se encontró ninguna violación, efectivamente puso a los gobiernos sobre aviso.

«Desde mediados de los años 90 se han presentado casos en Australia y Nueva Zelanda sobre el daño ambiental y el cambio climático, y hasta la fecha todos han sido infructuosos… Pero ahora tenemos una declaración muy clara, con autoridad legal, ahora que es casi como: mira este espacio».

Schuetze dijo que había aproximadamente una docena de casos en el sistema judicial neozelandés similares a los de Teitiota, con personas, en su mayoría de Tuvalu y Kiribati, reclamando que los impactos de la crisis climática afectaban su derecho a la vida.

«Las islas del Pacífico serán el canario en las minas de carbón para los migrantes inducidos por el clima», dijo Schuetze.

«El mensaje en este caso es claro: los Estados insulares del Pacífico no necesitan estar bajo el agua antes de activar esas obligaciones de derechos humanos… Creo que veremos cómo empiezan a surgir esos casos».

Dos de los 18 miembros del comité emitieron opiniones disidentes sobre el caso, diciendo que no estaban de acuerdo con la conclusión de que Nueva Zelandia estaba justificada para trasladar a Teitiota a Kiribati, y uno de ellos escribió que el hecho de que «las muertes no se produzcan con regularidad debido a las condiciones … no debería significar que se haya alcanzado el umbral».

«El hecho de que esta [dificultad para cultivar y acceder al agua potable] sea una realidad para muchos otros en el país, no la hace más digna para las personas que viven en tales condiciones. La acción de Nueva Zelanda se parece más a obligar a una persona que se está ahogando a volver a un barco que se está hundiendo, con la ‘justificación’ de que después de todo hay otros viajeros a bordo».

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